Actividad fotovoltaica en España

El ministro de Industria de España, Joan Clos, rechazó hoy que exista “inseguridad jurídica” en la actividad de generación de energía fotovoltaica y aseguró que “su departamento no cae ni en la especulación ni en el fomento de conductas erráticas, sino que muestra una actitud clara y firme a favor de las renovables”.

Las asociaciones empresariales de la actividad fotovoltaica criticaron la semana pasada el proceso de implantación de esta tecnología en España y advirtieron de la existencia de inseguridad jurídica. “El Gobierno hace un esfuerzo muy importante en este ámbito y otra cosa es que alguien pida más, pero se debe adoptar una posición equilibrada”, aseguró Clos durante una comparecencia en el Senado.

El ministro recordó que el objetivo de alcanzar 400 megavatios (MW) de energía fotovoltaica este año está casi conseguido, de modo que el Minsterio se ha propuesto llegar a los 1.200 MW en 2010. “En todo caso, las subvenciones a esta fuente de energía son muy superiores a las de otras, por lo que tienen un límite para evitar que el precio de la luz se vaya de madre”, aseguró.

“España aporta 1.800 millones de euros anuales a las primas a energías renovables, lo que supone el mismo esfuerzo que Alemania en relación a la factura energética”, explicó el ministro, quien sostuvo que si hubiese inseguridad jurídica el país no se hubiera puesto en posiciones de liderazgo en Europa. “A buen entendedor, pocas palabras bastan: vamos a establecer un sistema igual que el alemán, que va a garantizar la misma rentabilidad”, añadió.

En energía eólica ya se han alcanzado los 12.000 MW e Industria espera cumplir el objetivo de 20.000 MW en 2020. “En la actualidad”, señaló Clos antes de felicitar a la industria del país por su compromiso, “España ya es el segundo país europeo en producción de energía renovable, por encima de Países Bajos”.

Durante su comparecencia, el ministro aseguró que “su departamento presta un alto apoyo a las energías renovables”, y recordó que “la industria paga un poco más cara la electricidad para contar con este tipo de fuentes energéticas”. Según dijo, “se está persiguiendo un equilibrio sensato, más allá de disputas, en la asignación de las tarifas para el fomento de las renovables, pese a la dificultad de casar intereses diversos, legítimos y antagónicos”.

El ministro señaló que “las técnicas de captura de dióxido de carbono, así como las centrales nucleares de tercera y cuarta generación, aún no han demostrado ser rentables, y señaló que su Ministerio ha adelantado en cuatro años sus planes y prepara un plan estratégico sobre energía para el periodo 2008-2016, que se encuentra en fase de discusión pública y a la espera de su aprobación en el Congreso y en el Senado”.

Clos explicó que “el adelanto en el diseño de este plan responde al incremento de la demanda energética en el país. La estrategia ya cuenta con un primer borrador consensuado con las cumunidades autónoma y es fruto de las necesidades de la red por el incremento en el consumo”.

Otro de los retos pendientes es el de la ejecución de las interconexiones con Francia. "Esperamos que el nombramiento del coordinador de la UE para la línea de alta tensión pueda resolver lo antes posible la ecuación", afirmó Clos en alusión al ex comisario de Competencia, Mario Monti. “Industria se ha propuesto alcanzar un nivel de interconexión del 12% de la capacidad eléctrica nacional, frente al 2% actual, lo que no es una pretensión desaforada”, añadió.

Sobre las interconexiones de gas, Clos consideró “bueno” que se eleve el actual grado de intercambio, de apenas 2 bcm (miles de millones de metros cúbicos) en un mercado que consume 30 bcm, y afirmó que “el desarrollo del mercado ibérico, por contra, avanza favorablemente en todos los frentes. De hecho, la integración ibérica está casi culminada y, en el caso del gas, se están adaptando las regulaciones de los dos países (España y Portugal) para unificar en un plazo razonable el mercado, como ya se ha hecho en regiones como en Escandinavia”.

Clos también constató que “las principales potencias europeas, frente a la posición de España, Italia o los países escandinavos, se oponen a la separación funcional de actividades unbundling, lo que en España ya existe por fortuna histórica y funciona de forma más que razonable”, añadió Clos.